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Queda libre presunto implicado en el caso de colchones 'podridos'

Carlos Baltazar N, sostiene su primera audiencia, y el juez en turno no considera necesario la medida cautelar de prisión preventiva; renuncia Raúl Carrillo a la Sedesol

Por: Francisco Castro

> Carlos N., al momento de salir del centro de justicia, omitiendo declarar ante los medios.> Carlos N., al momento de salir del centro de justicia, omitiendo declarar ante los medios.(Foto: Guillermo Vega / El Debate)

> Carlos N., al momento de salir del centro de justicia, omitiendo declarar ante los medios.> Carlos N., al momento de salir del centro de justicia, omitiendo declarar ante los medios. | Foto: Guillermo Vega / El Debate

Culiacán, Sinaloa.- Carlos Baltazar N., funcionario de la Secretaría de Desarrollo Social, quien es señalado como el encargado de la compra y de la distribución de colchones contaminados que se entregaron a los damnificados por la depresión 19-E, obtuvo la libertad provisional al solicitar este viernes la duplicidad del término por 144 horas para recabar pruebas y tratar de demostrar su inocencia en los delitos de peculado y negociaciones ilícitas por los que la Fiscalía General lo detuvo el jueves y lo puso a disposición de un juez de control y enjuiciamiento penal.

Durante la audiencia de iniciación realizada ayer desde las 12:30 horas, misma que, tras un receso de dos horas, culminó a las 16:03 horas, la parte acusadora explicó que el imputado está presuntamente implicado en un daño al patrimonio al Gobierno del Estado por la suma de 2 millones 970 mil pesos, esto por la presumible compra irregular y a sobreprecio de colchones que el funcionario habría hecho a dos vendedores con domicilio en Guadalajara, uno identificado como Francisco Benjamín N.; el otro como Grupo El Mariachi SRP de RI.

Foto: Guillermo Vega/El Debate

Incluso, el primero de los vendedores fue identificado por la Fiscalía como amigo del imputado.

Los argumentos

Previo a la solicitud de vinculación a proceso, los abogados de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa confirmaron tener pruebas documentales de las transferencias irregulares realizadas por el servidor público a vendedores que —aseguran— no forman parte del padrón de proveedores del Gobierno del Estado ni cuentan con registros de vendedores de colchones.

De las dos compras realizadas a Francisco Benjamín N., aseguran que una de ellas fue por la suma de un millón 350 mil pesos, cuya transferencia se realizó el pasado 5 de octubre; y una más a este mismo proveedor por 270 mil pesos, efectuada el 15 de octubre, para un total de un millón 620 mil pesos, incluso señalan que esta compra no tiene soporte, pues no existe factura. También revelaron una tercera compra al proveedor identificado como Grupo Mariachi SRP de RI, también por un millón 350 mil pesos, la cual se realizó el 5 de octubre.

La parte acusadora, integrada por representantes de la Fiscalía General, de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, así como de un representante legal del Gobierno del Estado, confirmó en la audiencia que la demanda por los presuntos delitos de peculado y negociaciones ilícitas, cuya causa penal es la 1115/2018, fue interpuesta por el entonces titular de Sedesol, Raúl Carrillo Castaños, quien ayer por la tarde, después de esta primera audiencia, presentó su renuncia al cargo.

La acusación formal

Tras la exposición de pruebas, la Fiscalía aseguró contar con suficientes elementos para formular la acusación por los presuntos delitos de peculado, de acuerdo con el artículo 304, fracción segunda, del Código Penal vigente para el Estado de Sinaloa, y negociaciones ilícitas, de acuerdo con el numeral 308, fracción segunda, del citado Código Penal.

Incluso, afirmó que el funcionario habría incurrido en dolo por la compra de los colchones en mal estado, a sabiendas de la contingencia.

En la exposición de los datos de prueba, la defensa social hizo referencia a la contingencia por las inundaciones provocadas por la depresión tropical 19-E, y confirmó que, derivado de esa catástrofe, la Secretaría de Desarrollo Social recibió recursos por el orden de los 25 millones 920 mil pesos, recurso que habría de ejercer Carlos Baltazar N. para ayudar a los damnificados, pues afirman que era el único autorizado para la contratación de proveedores, la realización de pagos y las transferencias, así como la distribución de los apoyos.

Los abogados de la Fiscalía afirmaron que entre sus pruebas testimoniales tiene la versión de Morayma, funcionaria de la Secretaría de Economía, a quien identificaron como la encargada de contactar a proveedores durante la contingencia, y quien les habría confirmado la compra de colchones en dos conocidas tiendas locales, pero que, ante la escasez, Carlos N. se propuso en una reunión buscar proveedores fuera del estado. Incluso, argumentan que el imputado aseguró tener un proveedor que cumplía con las condiciones de calidad.

Solicitan vinculación a proceso

Durante la solicitud de vinculación a proceso, los representantes de la parte acusadora se refirieron a la molestia de la ciudadanía y argumentaron que la compra irregular y la repartición de colchones en mal estado puso en riesgo la salud de la ciudadanía, además de afectar el patrimonio del Gobierno del Estado, por lo que se solicitó la vinculación a proceso.

Sin embargo, la defensa solicitó la duplicidad del término por 144 horas para recabar las pruebas suficientes que ayuden en la defensa del imputado y dijo que esperaría la solicitud de medidas cautelares por parte de la Fiscalía. 

Vecinos de la Platanera juntan los colchones sobre la calle principal del poblado como protesta. Foto: Cristina Félix / El Debate

Medidas cautelares

Y aunque la defensa social intentó que el juez impusiera como medidas cautelares la prisión preventiva para evitar la evasión del imputado, tomando en cuenta que la pena máxima por el delito que se le acusa a Carlos Baltazar N. podría alcanzar los quince años de prisión —por la gravedad expuesta por la Fiscalía— e inhabilitación hasta por veinte años, el juez de control Juan Luis Quiñónez le explicó que no procedía porque con ello se estaría prejuzgando y violentando la presunción de inocencia.

Y aunque los acusadores dijeron que el hecho de que el funcionario estuviera fuera de la ciudad desde que explotó el problema por la mala calidad de los colchones, así como la penalidad que podría alcanzar eran motivos suficientes para pensar en su probable evasión, la defensa argumentó que su defendido en ningún momento estuvo huyendo, que incluso el día de su detención él regresaba de Guadalajara, a donde había acudido a buscar al proveedor para intentar solucionar el problema, y que incluso había informado de este viaje, así como de su regreso al secretario de Desarrollo Social, Raúl Carrillo.

«Voy a resolver el problema con el proveedor, tengo demasiada presión encima, pero esto se va a solucionar», afirma la defensa que habría comunicado en un mensaje telefónico Carlos Baltazar a Raúl Carrillo.

 

El juez también negó las medidas cautelares de fijar una garantía a Carlos Baltazar por dos millones 970 mil pesos, suma equivalente al presunto daño patrimonial en perjuicio del Gobierno del Estado, y obligarlo a que acudiera cada semana a firmar ante el juez. En el primero de los casos, el juez les recordó que también violaba el principio de presunción de inocencia que privilegia este nuevo sistema de justicia penal, mientras que la otra propuesta la consideró innecesaria porque aún no se había fijado fecha para la siguiente audiencia.

La única medida cautelar que fijó luego de otorgarle a Carlos Baltazar la libertad provisional fue la solicitud de que el funcionario no abandone el estado de Sinaloa mientras se lleva a cabo el juicio.

Incluso, antes de otorgar la libertad provisional, el juez aclaró a la Fiscalía que los argumentos expuestos sobre el presunto daño a la ciudadanía por las condiciones insalubres de los colchones, así como las molestias que esto generó, no son materia para los delitos de peculado y negociaciones ilícitas que se le imputan a Carlos Baltazar, por lo que les dijo que no serán materia de este juicio.

Próxima audiencia

Una vez otorgada la libertad provisional, el juez de control programó la siguiente audiencia para el 23 de octubre, a las 10:30 horas, en la sala A del Centro de Justicia Penal Acusatorio, zona centro.

Aunque a su salida Carlos Baltazar fue abordado por los medios, no dijo una sola palabra, en todo momento se mantuvo serio, tal como se mantuvo durante la audiencia en la que fue acompañado por sus padres y demás familiares.

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